La historia de Benjamin Button

El escritor y novelista estadounidense Francis Scott Key Fitzgerald cuenta la historia de Benjamin Button; el relato de un hombre que nace con el cuerpo de una persona de 80 años que luego va rejuveneciendo. Es decir, el hombre es parte de un proceso inverso al orden natural de la vida.

Muchos años después, esta historia fue la base de la famosa película “El curioso caso de Benjamin Button”, una película producida en Hollywood en el año 2008 y protagonizada por Brad Pitt. A lo largo del filme se puede apreciar la vida de Benjamin, quien, luego de nacer con rasgos de un hombre anciano, va “involucionando” en una persona con características de adulto, luego de joven, más tarde adolescente, y finalmente termina muriendo como un bebé recién nacido.

La Real Academia Española define la palabra “involución” como la “detención y retroceso de una evolución biológica, política, cultural, económica, etc.” Como se puede apreciar, la película mencionada exhibe una especie de “involución biológica” de un ser humano, y las diversas consecuencias que eso le produce al protagonista y a las personas que le rodean.

Aplicando la moraleja e historia relatada por Scott, en el ámbito nacional, los paraguayos estamos siendo testigos de un proceso involutivo de -llamativa e- importante trascendencia. Un retroceso jurídico-económico tanto curioso, como alarmante.

MUV, ¡viajá seguro!… ¿o no tanto?

La aplicación paraguaya “MUV”, ofrece una plataforma digital de intermediación entre pasajeros y choferes contratados (“muvers”) por la compañía desarrolladora, con el fin de conectar oferta y demanda de servicios de transporte a los ciudadanos paraguayos.

Si bien la aplicación es relativamente nueva en el mercado, la experiencia de los usuarios ha sido bastante satisfactoria. Es de fácil acceso, con solo bajar la aplicación a un teléfono celular. Ofrece factura legal. Brinda varios métodos de pago (tarjeta y efectivo), y a su vez proporciona un servicio de calidad en materia de transporte. Todo esto, sin mencionar que es una plataforma altamente innovadora para nuestro mercado, con altos estándares tecnológicos y de desarrollo de programación.

A todo esto, luego de meses de que la compañía haya empezado a operar, principalmente en las calles de Asunción, trasladando a usuarios y ofreciendo puestos de trabajo a muvers, hace unas semanas la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Municipalidad de Asunción, comenzó la “persecución y cacería” de conductores de la plataforma digital. Agentes de la PMT se hacen pasar por usuarios interesados en utilizar el servicio. Una vez dentro del vehículo, conducido por muvers de la empresa, los agentes guían a los choferes a barreras de detención, para luego trasladar los vehículos al corralón municipal.

El argumento principal de la PMT es que la actividad de los conductores es ilegal, en razón de que la misma no está regulada. Fuera de entrar en el estudio regulatorio del caso, creemos que, coyunturalmente, la explicación es más sencilla. Aplicaciones digitales mundialmente conocidas como “Uber” y “Lyft”, que se dedican al mismo rubro, encontraron importantes obstáculos al instalarse a mercados de distintos países. El principal problema en la mayoría de los casos tuvo un denominador común: el gremio local de taxistas.

Paraguay no fue la excepción. El principal motivo de la supuesta ilegalidad del servicio de MUV nace a raíz de denuncias del gremio de taxistas, quienes reclaman que el servicio de transporte ofrecido por los taxis está regulado por la Municipalidad de Asunción, que contribuye con impuestos, entre otros, y el de MUV no.

Ahora bien, desde nuestra opinión, el problema con MUV tiene dos ejes fundamentales -y complementarios-. El eje jurídico, y tal vez más importante aún, el eje económico. Veremos de qué se trata cada uno. Pero antes, analicemos el problema desde una perspectiva más general.

Tengo opciones, ¿con cuál me quedo? La elección del consumidor y la libre competencia

El problema entre taxistas y muvers no es otro que un problema de competencia. En otras palabras, un problema de mercado.

El lector se preguntará entonces, ¿qué es un problema de competencia?

Un problema de competencia es básicamente un conflicto de intereses económicos entre dos proveedores de bienes o servicios que compiten por quién se queda con la mayor parte del mercado de personas que necesitan o demandan un bien o servicio. En este caso, el servicio de transporte. Años atrás, un taxista que operaba en Gran Asunción (o en cualquier rincón del país) era consciente de que el único servicio de transporte era el suyo. Quien requería del servicio de transporte (fuera del público o el propio), solo tenía una alternativa: llamar a la central de radio taxi. Es decir, los taxis no tenían competencia. Hoy, el usuario tiene la opción de optar por el servicio de taxis o el servicio ofrecido por MUV. El conflicto se genera a raíz de que por cada usuario que elige MUV, el gremio de taxistas “pierde” un cliente, lo que -por supuesto- genera menos ingresos y eventualmente menos ganancias para los taxistas. Ante tales circunstancias, el descontento es natural y hasta lógico.

Ahora sí veamos qué ofrecen el Derecho y la Economía para entender mejor este problema de mercado.

Defensa de la Competencia

La Constitución Nacional, ley fundamental de nuestra nación, en su artículo 107, manda que toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia en un régimen de igualdad de oportunidades. También garantiza la competencia en el mercado. A su vez, dicha norma prohíbe la creación de los monopolios y el alza y la baja de precios artificiales que traben la libre concurrencia.

Por su parte, la Ley 4956/2013, de “Defensa de la Competencia”, tiene por objeto defender y hasta promover la libre competencia en los mercados.

En este punto debemos es importante recordar que las leyes, decretos y reglamentos en general, se emiten con un propósito. Bajo sus preceptos, se espera regular la conducta de las personas por una razón y en pos de un objetivo.

Ante esta premisa entonces, ¿por qué la Constitución Nacional y una ley específica no sólo protegen, sino que promueven la libre competencia? ¿Es que la legislación paraguaya tiene como objetivo que taxistas y muvers entren en conflicto, o más precisamente, en competencia?

La respuesta no es otra mas que un rotundo sí. Es eso exactamente lo que la regulación pretende.

Ganancias de eficiencia y beneficios de la innovación

La base de la regulación, tanto a nivel constitucional como a nivel legal, es de carácter económico. El interés jurídico protegido es la competencia. Y es que la libre competencia, sea entre taxistas y muvers, entre Pepsi y Coca Cola, o entre Tigo y Claro, es positiva y beneficiosa para los consumidores. En la medida en que haya más competencia, los competidores harán el esfuerzo por obtener mayor participación del mercado. Esto es, obtener más clientes, y así más ganancias. En el proceso de obtener más clientes, los competidores bajarán sus precios, invertirán en tecnología, buscarán la forma de optimizar recursos, mejorarán la calidad del bien/servicio, todo con el fin de “persuadir” a los ciudadanos a que consuman u opten por lo que ofrecen. De este modo, la competencia genera lo que se conoce como “ganancias de eficiencia”. En la medida en que exista más competencia, los servicios serán más baratos, eficientes, innovadores.

Y la situación que se nos presenta hoy en el país es lo suficientemente intuitiva como para entender este concepto de competencia y de ganancias de eficiencia.

A usted, lector, se le presenta la situación en la que debe optar por un medio de transporte. Por un lado, tiene la opción de tomarse un taxi, con un servicio -regulado o no- que generalmente es ineficiente, inseguro, de baja calidad, con vehículos usualmente en mal estado, y con precios llamativamente inconstantes, basados en el contexto que se presente, y quizás en el humor del chofer. Por otro lado, tiene la opción de probar la aplicación digital MUV, con vehículos frecuentemente en mejor estado, con la certeza de la ruta a ser tomada (y con la posibilidad de seguir el transcurso del viaje a través del sistema de GPS), con la certeza del precio (a veces más bajo), y hasta con la opción de pagar con tarjeta de crédito o efectivo. En otras palabras, un servicio de mejor calidad. ¿Qué opción tomaría? La respuesta parece ser evidente.

El problema, fuera del ámbito regulatorio-jurídico, es netamente económico. El servicio de taxis comunes, ante la falta de innovación y la falta de inversión para mejorar la calidad del servicio, simplemente ha perdido competitividad. Un mejor competidor se ha introducido en el mercado, amparado por la Constitución Nacional y la ley, que no sólo protegen la libre competencia, sino que la promueven.

Entonces… ¡apostemos a la innovación! No, mejor la regulamos primero

Ante tales circunstancias, usted se preguntará: ¿por qué la Municipalidad de Asunción, la institución que debería velar, entre otras cosas, por el avance económico y el bienestar de las personas en nuestra capital, opta por poner barreras regulatorias de costoso cumplimiento a la innovación de emprendedores paraguayos?

A la luz de lo que está ocurriendo, la única respuesta parece ser que el municipio capitalino simplemente está viviendo una etapa de retroceso institucional. Está fracasando como garante del bienestar general de sus ciudadanos, cediendo ante intereses sectoriales. Fuera de facilitar el acceso al emprendedurismo, a la inversión, a la libre competencia, reduciendo los costos de transacción y las barreras de entrada a los distintos mercados, la Municipalidad está actuando en sentido opuesto. Está desincentivando la inversión, la innovación, la optimización de recursos que busca de mejorar la oferta de bienes y servicios. En otras palabras, está involucionando.

Los indicadores macroeconómicos sitúan a Paraguay como uno de los países latinoamericanos con mayor grado de crecimiento en la región en los últimos años. Estamos ante un PIB en aumento estable, con una economía que no ya se ampara únicamente en la agricultura y en la ganadería o en la venta de commodities. Una economía que está empezando a florecer en industrialización.

La siguiente fase en este proceso a la prosperidad es, indudablemente, dar paso -seguro y estable- a la innovación. No solo jurídica, sino también culturalmente. La regulación debería acompañar e incentivar la innovación, y no poner un freno al desarrollo. Pero para lograr este objetivo, los paraguayos necesitamos la solidez y el respaldo de nuestras instituciones, sea a nivel estatal, gubernamental, o municipal. De lo contrario, estaremos condenados a terminar como Benjamin Button; alterando el orden natural de la vida y del desarrollo. Muriendo inmaduros, inexpertos… subdesarrollados.