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Escrito por: Gustavo Gómez

Encontrándose en la actualidad el sistema de justicia paraguayo en el ojo de la tormenta, es de relevancia reflexionar sobre cuál es el valor económico de la seguridad jurídica y sobre todo, de qué nos podemos estar perdiendo como país al tener una imagen de debilidad institucional, especialmente, de los órganos jurisdiccionales del Estado.

Nuestro país ha adoptado como forma de organización política el Estado Social de Derecho, el cual contiene entre sus características principales el sometimiento del ciudadano y del Estado al imperio del orden jurídico vigente. De esta manera los poderes políticos, económicos o de otras índoles deben encontrarse sometidos al ordenamiento positivo nacional.

Para que el “Estado Social de Derecho” tenga un efecto práctico el sistema positivo al cual se encuentran sometidos el Estado y los particulares debe ser claro en cuanto a sus alcances y en cuanto a la efectividad de sus consecuencias. Esta certeza sobre lo que está permitido, lo que está prohibido, las consecuencias previstas y la efectividad de aplicación de las consecuencias, forman lo que denominamos Seguridad Jurídica.

Desde el punto de vista Económico, al realizar transacciones o actos económicos en general, se utiliza un mercado determinado que está sujeto a una jurisdicción que cuenta con un determinado nivel o calidad de seguridad jurídica, esta medida determina la mayor o menor previsibilidad de las reglas de juego, los costos de acceso a la justicia, el tiempo que trascurre para obtener resultados y la congruencia de las consecuencias finales con las normas aplicables.

Los factores precedentemente indicados incidirán directamente en lo que se denomina como “costos de transacción” es decir,  los costos que acarrean dentro de un mercado la transmisión de bienes y servicios. En consecuencia un bajo nivel de seguridad jurídica trae como consecuencia imprevisibilidad, lo cual buscará ser paliado por las partes hasta cierto punto donde sea rentable, mediante el uso de mecanismos que den ciertos niveles de protección en las transacciones (Garantías reales, Pólizas de Caución, etc.) lo cual generará mayores costos que en puridad no son propios del negocio en sí mismo.

El peligro que corren países con un bajo nivel de seguridad jurídica es que las partes intervinientes en transacciones comerciales decidan que la utilización de ese mercado en particular genere costos de transacción y riesgos imprevisibles tan altos que hagan necesario el buscar otros mercados más “seguros” a los efectos de realizar sus inversiones.

Al respecto, ya en el año 2.005, el entonces Vicepresidente Senior y Asesor Jurídico del Banco Mundial, Roberto Dañino, en una exposición realizada en el I Encuentro Empresarial Iberoamericano había señalado: La decisión de invertir en un país suele estar basada en múltiples factores, siendo los más importantes la existencia de una oportunidad de negocios rentable y la percepción general de riesgo de un país. Por lo general, el inversionista maneja el riesgo natural de toda actividad económica, pero por lo general rehúye del riesgo jurídico y se retrae cuando observa un cuadro de inestabilidad en las reglas de juego o de arbitrariedad en su aplicación. Los inversionistas que aceptan convivir con dicha inestabilidad lo hacen a riesgo de la eficiencia de sus negocios al tener que incorporar en sus modelos y proyecciones un factor de riesgo adicional que normalmente se traduce en costos de capital más altos”.

Otro dato importante es que la calificadora Fitch Ratings en su informe de diciembre de 2017 mantuvo la calificación crediticia del país en “BB” y mejora la perspectiva de estable a positiva; sin embargo, la misma señala claramente que los factores estructurales siguen siendo los principales obstáculos para una mejor calificación del país. La misma calificadora sostiene que estos factores estructurales se observan en los indicadores de gobernabilidad y de PIB per cápita que se encuentran, en el caso de Paraguay, muy por debajo del promedio de países con calificación “BB” (Paraguay cuenta al 2017 con un PIB Per Cápita de USD 4.134 siendo el promedio de la Región de USD 12.000).

Entre los factores que se miden a la hora de determinar el nivel de gobernabilidad de un país se encuentra la fortaleza del Estado de Derecho, lo que lleva a medir el nivel de seguridad jurídica existente. De esta forma, podríamos suponer que, junto a otros factores, la falta o la baja calidad de la seguridad jurídica, es lo que impide que Paraguay sea un país considerado por las calificadoras como “en grado de Inversión”.

Por otro lado, en los últimos años, el Gobierno se encuentra abocado a la plausible tarea de promocionar al Paraguay a fin de captar inversiones privadas, teniendo como uno de sus atractivos el ser un “país barato” desde el punto de vista de cargas tributarias, sociales, etc., contando con un bono demográfico y mano de obra eficiente. Sin embargo, considero que esta cualidad es insuficiente para lograr un crecimiento sostenido en la captación de capital privado y que el escenario político actual puede representar una oportunidad para dar, de una buena vez, un salto de calidad desde el punto de vista Institucional y caminar a ser un país más seguro y previsible desde el punto de vista jurídico; caso contrario, ser solo un país barato, nos puede salir a la larga más caro.

Con respecto a la estimación del costo de la inseguridad jurídica, podríamos decir que el mismo varía según la percepción de los intervinientes en cada acto económico o transacción, sin embargo, hoy en día está más que claro que esta falta de fortaleza institucional impide a los paraguayos tener el país que se merecen o, al menos, el que aspiran.

Teniendo esto en mente, hago mis votos para que tanto electores como electos en las justas electorales próximas, tengan la madurez suficiente para tomar como causa ciudadana el objetivo de dotar a nuestras instituciones de la fortaleza, independencia y credibilidad que han perdido, principalmente el ámbito judicial, para así tener los fundamentos para un crecimiento serio y sostenible.

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